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El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas es Abogado Adjunto a la demanda colectiva contra la Oficina del Censo de los EE UU

13 de abril de 2010 -- Miles de Afroamericanos, Latinos e Indios Nativos de los EE UU han sido rechazados por puestos de trabajo por la Oficina de Censo de los EE UU debido a la discriminación sistemática, según una acción judicial presentada hoy en un tribunal federal en Nueva York.

"El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas se unió a este esfuerzo porque las comunidades de Indios Nativos de los EE UU dependen de una cuenta exacta de sus miembros para asegurar la imparcialidad en la administración de programas federales.  Excluyendo Indios Nativos de los EE UU quienes resultan tener registros de arresto, como candidatos de trabajo con la Agencia del Censo, significará la exclusión innecesaria de miles de individuos que son mejor calificados para asistir a la Oficina de Censo, en sus esfuerzos por contar a las personas que viven en las comunidades de Indios Nativos," dijo Robert T. Coulter, Director Ejecutivo del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas.

Líderes indígenas solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se detengan los proyectos de desarrollo que afectan a miles de sus comunidades

Rodolfo Lopez, Primer Cacique General de la Organización Indígena Chiquitana, Santa Cruz, Bolivia

Líder comunitario habla de los efectos negativos de la presencia de empresas trasnacionales por el Proyecto de la Carretera Interoceánica: la división en las comunidades, la falta de certeza jurídica de sus tierras tradicionales y la pérdida de fuentes de agua pura.

Narcisco Roca Tomichá, Presidente de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos (TURUBO), Santa Cruz, Bolivia

Líder indígena habla de la necesidad de que el proceso de construir la Carretera Interoceánica responda a los reclamos de las comunidades sobre los daños causados y que las comunidades reciban lo que se ha prometido.

Coordinadora de ONG brasileña habla de las contradicciones en proyectos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, porque el gobierno de Brasil usa el pretexto que estos proyectos benefician a todos los brasileños, mientras que en realidad traen destrucción a la Amazonia y beneficios sólo a las compañías grandes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucha sobre abusos de derechos humanos provenientes de IIRSA

Leonardo Crippa, Abogado del Centro, en conjunto con líderes indígenas de Perú, Bolivia y Brasil, testificó esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una cadena de proyectos de inversión y desarrollo en Sudamérica que pone en riesgo a los pueblos indígenas.

Hoy, los gobiernos de Sudamérica y los Bancos Multilaterales de Desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, están promoviendo la integración de toda Sudamérica a través de una red masiva de proyectos interconectados.  Tal como está planificado, este esquema de proyectos de infraestructura, conocido como IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), acarreará deforestación a gran escala, contaminación ambiental, carreteras y desarrollo dañino en las áreas más remotas del continente.  En la Amazonía y los Andes se construirán grandes autopistas y represas de agua, que serán conectados por carreteras, conductos petroleros y plantas de energía sin considerar el medio ambiente ni y las comunidades locales que vive en tales áreas.  Los impactos a los pueblos indígenas en particular serán extremos.  En este sentido, se están tomando tierras indígenas, desplazando a las comunidades, y poniendo en peligro a los ecosistemas de los cuales dependen los pueblos indígenas para sostener su integridad cultural, sustento y sobrevivencia física.   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia temática al Centro y a las organizaciones con quienes trabajamos- Confederación Andina de Organizaciones Indígenas de Perú (CAOI), Organización Indígena Chiquitana de Bolivia (OICH), Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Bolivia (CEADESC) y Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondônia de Brasil-, a efectos de informarle sobre los impactos negativos de los proyectos IIRSA.  La Comisión es un órgano de la Organización de Estados Americanos dotada de competencia para considerar casos de violaciones de derechos humanos y adoptar recomendaciones para remediar tales violaciones.

La audiencia fue una oportunidad única para informar a la Comisión sobre la situación actual por la que atraviesan los pueblos indígenas en Bolivia, Perú y Brasil frente a numerosos proyectos de infraestructura e industrias extractivas que están en proceso de ejecución en sus tierras.  La audiencia se enfocó en los impactos existentes y potenciales de tales proyectos, poniéndose énfasis en las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas relativos a sus tierras, territorios y recursos naturales, entre otros.  Todo ello, fue articulado dentro del contexto de las obligaciones de derechos humanos que pesan sobre Bolivia, Perú y Brasil en su calidad de Estados Parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Oficina de Washington DC del Centro fue la sede de la delegación de líderes indígenas durante su estancia en Washington, DC.  El personal del Centro no sólo los ayudó a preparar sus testimonios orales y escritos; sino también programó otras actividades para permitir que los líderes pudieran reunirse con funcionarios de varias instituciones basadas en Washington DC, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para informarles sobre la situación por la que atraviesan sus comunidades.  La visita de la delegación forma parte de una estrategia más amplia destinada a influir y mejorar las políticas operativas de los gobiernos y los Bancos Multilaterales de Desarrollo en materia de pueblos indígenas.  Todo ello, teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la necesidad de incluir los derechos humanos de los pueblos indígenas en la agenda regional de desarrollo.